Qué se teje en toda la trama de la desmovilización Paramilitar y en torno a la Ley de Justicia y Paz?
Resulta evidente que tras bambalinas se cuecen unas habas que ni el gobierno las hace bien, ni los paramilitares las quieren comer y en últimas, seremos de nuevo los ciudadanos de a píe, los que terminemos acorralados e indigestados por la delincuencia, la impunidad y la muerte.
Entendemos que todo proceso de negociación tiene grados de sigilo, de reserva o si se quiere de “Secretos de Estado”, pero en este proceso, el sigilo, la reserva y las conversaciones ocultas del Comisionado de Paz con jefes genocidas, antes que darle garantías al sometimiento de estos a las Justicia, para que digan la verdad sobre sus atroces crimines, resulta sospechoso, más, cuando este proceso no es un pacto de Estado, porque no fue producto de un acuerdo nacional y solo la resultante de un tramite del ejecutivo, impuesto, que no implicó en ello a todas las fuerzas del país, principalmente a las victimas, a los sectores de oposición, a organizaciones gremiales y Ongs, entre otros.
Es por ello que el proceso cada vez está develando lo que muchos temíamos, que se hizo por presión o, que ha sido toda una chapuzada política que no dimensionó Álvaro Uribe, ante el fracaso prometido en campaña de aniquilar a las FARC.
Estos razonamientos se desprenden porque Presidencia no valoró bien:
1.-El carácter o la caracterización de los integrantes de los Paras y sus jefes.
2.-Las proporciones de sus actos o hechos: genocidios que por su naturaleza no son negociables.
3.-La capacidad judicial y administrativa para dar respuesta al proceso de investigación, verificación y resultados de una verdad, verdadera
4.-Los recursos disponibles para asumir las multimillonarias indemnizaciones que tañamos desafueros de la violencia irracional han causado.
En OpoXiXión:
Esa falta de verdad ante el pueblo, sobre lo que se esta negociando, el cómo y el porqué, va a reventar el proceso, toda vez que insistimos, el gobierno no puede condonar, perdonar, reducir, amnistiar, indultar o crear beneficio alguno sobre quienes de manera directa o indirecta han sido cómplices, autores materiales o intelectuales de los genocidios.
Los Paramilitares que a sabiendas de esta realidad intenten asumir un proceso de perdón y olvido, o rebajas de penas, o tratamientos especiales, fundamentado en esos diálogos secretos u ocultos que el gobierno hace con unos y con otros o, los que ingenuamente guarden la esperanza de una reducción de penas por tales hechos, han de saber que la jurisdicción internacional no va admitirlo y que si los juicios no se hacen como manda el derecho internacional, quedará abierta la puerta para una revisión del caso, en cualquier momento, porque una ley nacional desde ningún punto de vista puede amparar la lucha mundial contra el grabe flagelo de degradación de la guerra o la violencia, de la cual ha sacado la humanidad importantes experiencias y lecciones de ética.
La cuestión no es perdón o venganza, la cuestión es ética o barbarie.
Quienes están por fuera de la jurisdicción internacional, porque se han negado a suscribir los tratados en esta materia o, muchos de los Estados han admitido cláusulas de exclusión por los crímenes de guerra o lesa humanidad, Colombia uno de ellos, han sido los miembros de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, incluyendo en ellas la DEA y la CIA, por ello, es de vital importancia para los colombianos y los defensores de derechos humanos en el mundo, que demandemos de los Estados Unidos y concretamente del Seando de ese país, la descodificación, desclasificación o el levante de la reserva de los archivos, que sobre las operaciones encubiertas, de los miembros de la CIA y de la DEA reposan en dichas oficinas, efectuadas en Colombia desde 1990 hasta la fecha, con el fin de aclarar, cuál es grado de participación de sus agentes en estos atroces genocidios y así, conocer la verdadera verdad que están ocultando esas entrevistas entre Gobierno y Paras, efectuadas de espaldas al pueblo y que se silencian ante la opnión pública.
