Hacemos nuestro el Editorial publicado por el periódico The New York Times, porque además de compartir plenamente el sentimiento del editor, queremos hacer un llamado sereno de lucidez, a quienes tienen en su haber la difícil tarea de encuadrar unos hechos, dentro del basto universo de las interpretaciones legales, y dimensionar la proporcionalidad de la medida a adoptar, diferenciando la supuesta arbitrariedad cometida por el Juez Garzón en la investigación de los crímenes del franquismo; de la arbitrariedad derivada al ordenar las escuchas a los letrados con sus clientes en el llamado caso GURTEL.
Por que si bien la motivación de la investigación que se decreta contra Juez Baltasar Garzón se hizo al amparo y, en defensa de la ley de amnistía de 1977, esta ley de años, vulnera tratados firmados por España sobre derechos humanos y, delitos de lesa humanidad, por tanto, su Señoría, el juez Garzón, no se extralimitó en sus funciones, ni prevaricó al investigar los crímenes atribuidos a la dictadura franquista, entendiendo que estos hechos no prescriben.
Sin embargo, esa misma vara de decoro en defensa de los derechos humanos debe también extenderse en todos los ámbitos de la vida, y en este sentido, no compartimos, que en la lucha contra el crimen organizado, se haga utilización desproporcionada del sistema de escuchas SITEL, y del GPS, dirigidas a los abogados que ejercemos la difícil tarea de la defensa, todo ello, en abierta vulneración de derechos fundamentales, como el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, la intimidad y a la privacidad en la comunicación.
En este sentido, la valoración de cargos contra el Juez Baltasar Garzón, debe delimitarse entre ese amparo legal de la investigación contra los crímenes de lesa humanidad realizados por el franquismo y, el de la escuchas a los abogados defensores, las cuales rechazamos de plano
En nuestro ejercicio profesional, en ese amplio universo de Autos, Resoluciones y Sentencias judiciales, hemos tenido encuentros y desencuentros con muchos jueces, incluyendo a su “Señoría”, el juez Baltazar Garzón, y es indiscutible que los mismos de manera directa, o indirecta, expresan la interpretación de la ley en cada caso, y por sobre todo, la concepción del mundo, sin embargo, de la misma manera como hoy asumimos la defensa del juez Baltasar Garzón en la investigación contra el franquismo, esperamos que la decisión de su caso, ponga un limites judiciales definitivo al uso desproporcionado de ese sistema de escuchas SITELA, aún no reglamentado.
Editorial publicado por 'The New York Times' sobre el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El juez de instrucción más conocido de España, Baltasar Garzón, está siendo ahora procesado en un caso de motivaciones políticas que debería haberse sobreseído. Al juez Garzón se le acusa de ignorar una ley de amnistía de 1977 cuando decidió investigar las desapariciones de más de 100.000 personas durante la Guerra Civil española de los años 30 y la subsiguiente década de represión franquista.
Los cargos que se le imputan los denunciaron dos grupos de extrema derecha que temen una investigación abierta de los hechos ocurridos durante la época de Franco. Desgraciadamente, uno de los compañeros de Garzón en la magistratura apoyó esta semana la querella y le imputó formalmente los cargos.
En consecuencia, y a la espera del juicio, ahora será suspendido de sus funciones. Si resultara condenado, se le apartaría de los tribunales por un periodo de hasta 20 años, lo que en la práctica pondría fin a una carrera dedicada a hacer que terroristas y dictadores rindan cuenta de sus crímenes. Eso complacería a sus adversarios políticos, pero sería una parodia de la justicia.
Garzón es un juez intrépido y polémico que se ha granjeado muchos enemigos a través de los años. Ha instruido sumarios contra los terroristas vascos y los de Al Qaeda, contra poderosos políticos españoles, contra dictadores latinoamericanos y contra matones de la mafia rusa.
Le atraen los casos de perfil alto, como su intento de llevar a juicio al ex dictador chileno Augusto Pinochet, y algunas veces se excede. Pero ha sido coherente en su objetivo de denegar la impunidad a los poderosos y extender el alcance de las leyes internacionales en defensa de los derechos humanos.
Debería permitirse a Garzón que reanudara su trabajo lo antes posible. España necesita un examen honesto de su agitado pasado, no la persecución de aquéllos que tienen el coraje de exigirlo
