Ingenuos resultamos siendo todos con respecto a la presunta ley de Justicia y Paz, Veamos:
1.- La mayoría de quienes se sometieron, por cuanto creyeron que confesando las verdades, evitarían la extradición a los EEUU, así algunos la provocaran ante el temor de un expediente y llamado de la Corte Penal Internacional, o de la Justicia Universal.
2.- Las víctimas, porque falsamente creyeron que ese era el camino para conocer la verdad, la justicia y la reparación, y estimulados, en cierta medida por algunos de sus dirigentes que pretendieron cabalgar políticamente sobre ellas, olvidaron el compromiso ético de no aceptar tan burdo Tribunal, debiendo renunciar a esa instancia, tal como lo propusimos.
3.- El Gobierno, porque confiando en los pactos, creyo que los confesos genocidas, no llegarían con sus verdades tan cerca de los benefactores de sus actos macabros como estaban llegando, y se veía acorralado por ese carrusel de las verdades sobre alianzas y muertes.
4.- Y nosotros los de opoXiXion, por creer que en Colombia existen personas capaces de sobreponerse a las pasiones del momento y ser capaces de relacionar hechos históricos.
Y es que en esto, los intereses políticos taimados, han terminado catapultando a las victimas, y por sobre todo, a la justicia y a esa débil luz que sobre postulados de razón ética se erguía de entre el degrado social.
Con la extradición apresurada de los capos genocidas de Colombia hacia los EEUU, nos han dado a entender que con los códigos y leyes actuales, no será posible depurar esa descomposición generalizada, ni conocer la verdad. En este sentido quienes terminaron ganando la partida no fueron precisamente los demócratas de izquierda, sino las FARC, que de tiempos, con el dedo en el gatillo, han sido consecuentes en desenmascarar la patraña impulsada por un Estado que sin soberanía, ni dignidad, dice someterse al derecho, pero que esta de rodillas a la política de la derecha norteamericana.
Lo habíamos advertido nosotros desde una posición democrática, que tras los actos genocidas hay autores intelectuales, y una política intencional y nacional que los amparo y aún hoy les da cobijo. En concreto, están todos aquellos que desde la persecución y muerte de Pablo Escobar, montaron el experimento de guerra mercenaria que hoy se expande por el mundo, y que a través de ejércitos privados financiados por ciertos Estados, ejecutan los trabajos sucios y degradantes que otrora hacían sus ejércitos regulares.
Un análisis crítico, histórico y evolutivo de los hechos que dieron origen al paramilitarismo en Colombia, nos permite deducir que el actual presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, esta aplicando la máxima “del Pactan sin Servando”, es decir, haciendo cumplir esos pactos que entre miembros de la DEA, el Estado Colombiano, y el por aquel entonces, Cartel de Cali, les permitió acabar con el llamado Cartel de Medellín, e implementar la formación de un ejército de mercenarios, que compuesto por escuadrones mafiosos, militares degradados, y “asesores” militares norteamaricanos de la DEA, en una “guerra” preventiva contra “la narco-guerrilla” colombiana, terminó generando miles de fosas comunes y millones de desplazados.
Dicha táctica ha servido en la guerra de IRAK, para sustraer al ejército norteamericano de las aberrantes violaciones a los derechos humanos, porque utilizando, e instrumentalizando empresas privada para guerra, que como los mercenarios de Blackwater, con más de 18 mil hombres combatiendo aniquilan y sin piedad, los mas elementales derechos humanos, tal como ocurrió en septiembre de 2007 en el centro de Bagdad, dónde dieron muerte 17 desarmados civiles.
Con todo lo que hemos visto en Colombia, y actualmente en la guerra de IRAK, fácil nos resulta creer que los jefes paramilitares no han sido expulsado de Colombia para ser juzgado, sino enviados de regreso a la casa del patrón para ser protegidos y con ello proteger la “familia”, esa que está compuesta por expresidente, congresistas, militares y empresarios colombianos, que por temor a la democracia y a la pluralidad, ven el fantasma del comunismo en todas partes.
La lucha por VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACION, debe dirigirse hoy, como debió hacerse antes, hacia los Tribunales de Justicia Universal, y en este sentido si son consecuentes con los postulados éticos de búsqueda de la verdad, quienes vienen ejerciendo como letrados de las victimas, voceros y jueces de causa, deben renunciar a continuar en esa farsa histórica, y proceder a desmontar esa ley de incautos, llamada ley de sometimiento o de “justicia y paz”. El salario de los funcionarios que hacen parte de ese esquema, las prevendas, o los reconocimiento sociales o personales para abogados y voceros de las victimas, no se justifica tanto degrado humano en una causa de descrédito.
Que sea la Justicia Universal la que Asuma la Causa de Juzgar.
