Ante la Crisis Institucional del Congreso, y a no dudarlo, de todo el Aparato del Estado colombiano, opoXiXion se hace presente en el debate con algunas propuestas, que entre otras, hemos ya compartido con algunos dirigentes de la izquierda demócrata, y en aras a que sean consideradas como un aporte que dignifica el arte de hacer oposición, con la valía de tener propuestas, las hacemos públicas.
Invitamos fraternalmenta a romper con en esa mecánica de actores en oposición contestataria, que a usanzas de una lucha antisistema en abstracto, propone cambirlo todo, sin alternativas concretas, y asumamos el reto de ser gobierno.
CONSIDERACIONES PREVIAS.
El proceso de sometimiento de los paramilitares, desarrollado a través de la Ley de Justicia y Paz, deja en evidencia, por las reiteradas confesiones de los sometidos, que el paramilitarismo se ha desenvuelto como un proyecto político trasversal que ha impregnado todas las Instituciones del Estado, penetrando incluso, amplias capas de la sociedad.
Como proyecto político el paramilitarismo aún está vigente y persiste, sin que las terroríficas confesiones de sus ejecutores encuentren el asombro y la alarma social que toda sociedad civilizada debería expresar ante lo degradado de sus actos, y por el contrario, muy a pesar de quienes enarbolan postulados éticos, se dan manifestaciones de connivencia y complicidad social, al considerar su presencia como única alternativa viable para enfrentar, y acabar, la legendaria acciones de guerra contra el Establecimiento por parte de las organizaciones guerrilleras, que persistes en imponer otro, u otros proyectos políticos, y de Estado que dicen sustentar en la justicia social.
Esas dinámicas armadas, de uno y otros, han condicionado de manera directa, e indirecta, cualquiera otra posibilidad para que la sociedad colombiana se exprese en un sistema racional y dialéctico, que encare, en un espacio de convivencia y paz, los grandes retos económicos, políticos, sociales, ambientales y educativos que le hagan prospera y con capacidad de acometer en lo inmediato las tareas de la integración continental.
La Actual situación del Congreso de Colombia: tras las rejas 32 de los elegidos el 12 de marzo del 2006. Hasta hoy, 28 representantes y 36 senadores siguen vinculados a estas indagaciones. Es decir, el 23 por ciento de los representantes del Legislativo. Sobre congresistas de 22 departamentos ha recaído la investigación Tres ex presidentes del Senado, 2 de la Cámara y la actual presidenta del Congreso, son investigados. Los partidos políticos han sentido el rigor de la Corte De las 16 colectividades que tienen representación en el Legislativo, 9 están en problemas.
El Partido Conservador, con 11, El liberalismo y Cambio Radical, con 10 cada uno. Un 56 por ciento de los partidos con personería jurídica, es decir que reciben dinero del Estado para su sostenimiento, está afectado por la investigación sobre nexos entre congresistas y 'paras'.
El proceso de sometimiento de los paramilitares, desarrollado a través de la Ley de Justicia y Paz, deja en evidencia, por las reiteradas confesiones de los sometidos, que el paramilitarismo se ha desenvuelto como un proyecto político trasversal que ha impregnado todas las Instituciones del Estado, penetrando incluso, amplias capas de la sociedad.
Como proyecto político el paramilitarismo aún está vigente y persiste, sin que las terroríficas confesiones de sus ejecutores encuentren el asombro y la alarma social que toda sociedad civilizada debería expresar ante lo degradado de sus actos, y por el contrario, muy a pesar de quienes enarbolan postulados éticos, se dan manifestaciones de connivencia y complicidad social, al considerar su presencia como única alternativa viable para enfrentar, y acabar, la legendaria acciones de guerra contra el Establecimiento por parte de las organizaciones guerrilleras, que persistes en imponer otro, u otros proyectos políticos, y de Estado que dicen sustentar en la justicia social.
Esas dinámicas armadas, de uno y otros, han condicionado de manera directa, e indirecta, cualquiera otra posibilidad para que la sociedad colombiana se exprese en un sistema racional y dialéctico, que encare, en un espacio de convivencia y paz, los grandes retos económicos, políticos, sociales, ambientales y educativos que le hagan prospera y con capacidad de acometer en lo inmediato las tareas de la integración continental.
La Actual situación del Congreso de Colombia: tras las rejas 32 de los elegidos el 12 de marzo del 2006. Hasta hoy, 28 representantes y 36 senadores siguen vinculados a estas indagaciones. Es decir, el 23 por ciento de los representantes del Legislativo. Sobre congresistas de 22 departamentos ha recaído la investigación Tres ex presidentes del Senado, 2 de la Cámara y la actual presidenta del Congreso, son investigados. Los partidos políticos han sentido el rigor de la Corte De las 16 colectividades que tienen representación en el Legislativo, 9 están en problemas.
El Partido Conservador, con 11, El liberalismo y Cambio Radical, con 10 cada uno. Un 56 por ciento de los partidos con personería jurídica, es decir que reciben dinero del Estado para su sostenimiento, está afectado por la investigación sobre nexos entre congresistas y 'paras'.
Sin embargo las prisiones e investigaciones, no erradicaran por si con ese proyecto político, por ello, se hace necesaria la presencia activa y unida de los demócratas de Colombia, para reconducir responsablemente el país por un sendero de ética, que garanticen la vida como principio fundamental, la integridad personal, la diversidad ideológica, el dialogo, la paz, la justicia y el progreso social, causas que unen y sin duda, a todos los pueblos.
Para ese reconducir ético de nuestras sociedad y hacer que se exprese en todas la instituciones del país, se hace necesario superar ese esquema de presunción tautológica que equipara legitimidad a legalidad, y por ende, se ha de construir un nuevo contexto que se adecue a las nuevas realidades nacionales y mundiales, entendiendo la legitimidad como un elemento derivado esencialmente de las variables de la éticas social y política, que han de ser el resultado de los acuerdos, pactos, concertaciones y diálogos, nacionales, internacionales y sociales, que además de condicionar los derroteros de convivencia y respeto, hagan derivar la legalidad, como una resultante de ese ejercicio de la ética policía y social, que implicaría además, el condicionamiento de la mecánica procesal que esencialmente garantiza competencias, vigencias normativas, y sistemas de representación.
En concordancia con lo expuesto, intentar mantener en sus funciones un Congreso ilegitimado en su investidura, con esa máxima griega de hacer “que los presentes ocupen la silla de los ausentes”, y llamada coloquialmente, “sistema de la silla vacía”, lo que hace en la práctica es extender la ilegitimidad, a sus actuaciones y actos.
Ante tan evidente desmadre institucional, imposible de ocultar, y en aras a dar salidas a la degradación y crisis del Establecimiento, los demócratas han propuesto entre otras; la revocatoria del Congreso, con unas nuevas elecciones, o, la convocatoria a una Constituyente. En respuesta, el Jefe del Estado y del Gobierno, ha enarbolado cómo única instancia para solventarla el respaldo al desvertebrado proyecto de Seguridad Democrática, que está inmerso en la misma crisis de legitimidad.
Con serenidad y sentido patrio, hemos de considerar que ninguna de esas alternativas garantizan la legitimidad, esa que bajo premisas de una ética política demanda la sociedad para con sus Instituciones, toda vez que dichas salidas son simples procedimientos, que no dan por si mismas, soluciones de fondo a los grabes y agudos problemas en la transparencia, y en la reconstrucción del tejido social y político, cosa tal que hagan viable el devenir del ejercicio político, e institucional del país.
El sistema de “la silla vacía”, porque mantiene el ritmo del aparato sobre la base del esquema parapolítico. El de la “revocatoria del Congreso, con el llamamiento a nuevas elecciones”, porque sin modificaciones sustanciales desde la base del elector, reproducirá las mismas variables de ilegitimidad. La convocatoria a una “Asamblea Constituyente”, porque Ella, ha de ser un resultado, un punto aparte, derivado de los fundamentos éticos, políticos y sociales que previamente se hagan, con el tejido social reconstruido, cosa tal, que la nueva Carta Constitucional que ha de salir de su seno, sea más un producto de reciprocas renuncias, y absolutas garantías éticas, que otro instrumento normativo de expresión de una legalidad que en la practica y en los hechos está aniquilando la vida y las diferencias ideológicas y políticas.
Por otra parte la seguridad democrática no puede ser entendida con la dinámica de “una guerra preventiva”, porque conllevaría salidas dictatoriales y autoritarias, aniquiladores de la oposición y la democracia misma. La seguridad democrática, para que sea una lucha común de todos los demócratas, debe ser entendida como ese conjunto de garantías éticas y políticas, que posibilitan a las comunidades, a la sociedad, a la oposición y a las minorías, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el empoderamiento personal, con posibilidades reales para la administración de sus recursos, y la participación directa en las definiciones de esas políticas de Estado que afectan a todos los Colombianos.
En este sentido, para fortalecer la democracia, previamente hay que legitimarla con una ética política, cosa tal que el ejercicio del Estado, no solo sea entendido como el monopolio de la fuerza y de las armas, sino y fundamentalmente como un sistema en un contexto de garantías, bajo las cuales, la convivencia de la diversidad y su ejercicio plural, permitan y garanticen la disputa limpia por la dirección del gobierno, para mantener con ello la paz y el progreso de la humanidad.
A MODO DE PROPOSICIÓN.
Las premisas expuestas nos permite concluir que no existiendo una propuesta proporcional a la gravedad de la crisis, que intente hacer la cirugía social y política que demanda la sociedad y el Estado, se hace necesario exhortar A UN PACTO POLITICO POR LA CONVIVENCIA, LA ÉTICA, LA PAZ, LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACION Y LA RENOVACIÓN NACIONAL.
En este sentido consideramos que las fuerzas políticas con asiento en el Congreso deben Acordar: Que en el marco de la actual coyuntura y en aras a construir un contexto ético para el ejercicio político y social, deben proceder a Disolver de manera Inmediata el Actual Congreso de Colombia, y las Funciones que corresponden al Poder Legislativo, por mandato Constitucional, sean asumidas por un CONGRESO DE PORTAVOCEROS DE TRANSICIÓN, que en número impar de delegados, elegidos democráticamente desde las bases de los propios partidos, actúen de consenso en el desarrollo y aplicación de todos aquellos temas de política de Estado, especialmente las que hacen relación a la Paz, la Seguridad Nacional, las Relaciones Internacionales, el Sistema Electoral, la Salud y las demás que señala la Constitución como funciones en esta materia.
Este órgano, que para los efectos llamaremos CONGRESO DE TRANSICIÓN, completará el actual período del Congreso, y además de darse su propio reglamento, estipulando como mecanismo de decisión el voto cualificado de las ¾ en todo aquel otro procedimiento para la expedición de sus leyes, asumirá de consenso y en concordancia con el Jefe De Estado, los procedimientos necesarios que den resultados positivos hacia un dialogo, acuerdo o pacto, que permita la liberación de los secuestrados y rehenes actualmente en poder de las FARC. Así mismo, instrumentará los mecanismos para afrontar un proceso de Dialogo con los distintos Actores del Conflicto Interno, en aras a Pactar, Diseñar, Configurar o Fijar, un cronograma, que con Acuerdo de mínimos entre todas las partes implicadas, hagan viable la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y en caso de no ser posible dicho acuerdo, determine unos tiempos, y un procedimiento de investidura para la elección de los nuevos Congresistas, que en condiciones éticas renueve el que se ha disuelto.
Para solventar todos los procedimientos de elección y representación, incluyendo las presidenciales, y las que se puedan derivar, estimulará, legitimará y avalara, con el presupuesto necesario, la constitución de unas Veedurías Autónomas Regionales, cuyos miembros serán elegidos democráticamente desde las bases de las instituciones académicas, de entre los profesores y estudiantes, con un representante por cada una de ellas, y uno más, por cada 5.000 ciudadanos que aparezcan en el registro de matriculas.
Dichas veedurías Regionales con funcionamiento Autonómico, además de diseñar, e implementar un código de ética política y social que garantice la transparencia en las investiduras locales, regionales o nacionales, excepcionalmente realizarán funciones instructivas de carácter penal y administrativas.
En el ejercicio de estas funciones, si las Veedurías Éticas, dedujeran que un partido, o movimientos de los representados en el Congreso de Transición, realiza, o ejecutaron acuerdos, o pactos degradantes de la ética política y social para el ejercicio de las representaciones democráticas que ostentan en los distintos órganos de representación, extenderá un Instancia con las pruebas que considere suficientes, a la Corte Suprema de Justicia, para que proceda de conformidad.
Para ese reconducir ético de nuestras sociedad y hacer que se exprese en todas la instituciones del país, se hace necesario superar ese esquema de presunción tautológica que equipara legitimidad a legalidad, y por ende, se ha de construir un nuevo contexto que se adecue a las nuevas realidades nacionales y mundiales, entendiendo la legitimidad como un elemento derivado esencialmente de las variables de la éticas social y política, que han de ser el resultado de los acuerdos, pactos, concertaciones y diálogos, nacionales, internacionales y sociales, que además de condicionar los derroteros de convivencia y respeto, hagan derivar la legalidad, como una resultante de ese ejercicio de la ética policía y social, que implicaría además, el condicionamiento de la mecánica procesal que esencialmente garantiza competencias, vigencias normativas, y sistemas de representación.
En concordancia con lo expuesto, intentar mantener en sus funciones un Congreso ilegitimado en su investidura, con esa máxima griega de hacer “que los presentes ocupen la silla de los ausentes”, y llamada coloquialmente, “sistema de la silla vacía”, lo que hace en la práctica es extender la ilegitimidad, a sus actuaciones y actos.
Ante tan evidente desmadre institucional, imposible de ocultar, y en aras a dar salidas a la degradación y crisis del Establecimiento, los demócratas han propuesto entre otras; la revocatoria del Congreso, con unas nuevas elecciones, o, la convocatoria a una Constituyente. En respuesta, el Jefe del Estado y del Gobierno, ha enarbolado cómo única instancia para solventarla el respaldo al desvertebrado proyecto de Seguridad Democrática, que está inmerso en la misma crisis de legitimidad.
Con serenidad y sentido patrio, hemos de considerar que ninguna de esas alternativas garantizan la legitimidad, esa que bajo premisas de una ética política demanda la sociedad para con sus Instituciones, toda vez que dichas salidas son simples procedimientos, que no dan por si mismas, soluciones de fondo a los grabes y agudos problemas en la transparencia, y en la reconstrucción del tejido social y político, cosa tal que hagan viable el devenir del ejercicio político, e institucional del país.
El sistema de “la silla vacía”, porque mantiene el ritmo del aparato sobre la base del esquema parapolítico. El de la “revocatoria del Congreso, con el llamamiento a nuevas elecciones”, porque sin modificaciones sustanciales desde la base del elector, reproducirá las mismas variables de ilegitimidad. La convocatoria a una “Asamblea Constituyente”, porque Ella, ha de ser un resultado, un punto aparte, derivado de los fundamentos éticos, políticos y sociales que previamente se hagan, con el tejido social reconstruido, cosa tal, que la nueva Carta Constitucional que ha de salir de su seno, sea más un producto de reciprocas renuncias, y absolutas garantías éticas, que otro instrumento normativo de expresión de una legalidad que en la practica y en los hechos está aniquilando la vida y las diferencias ideológicas y políticas.
Por otra parte la seguridad democrática no puede ser entendida con la dinámica de “una guerra preventiva”, porque conllevaría salidas dictatoriales y autoritarias, aniquiladores de la oposición y la democracia misma. La seguridad democrática, para que sea una lucha común de todos los demócratas, debe ser entendida como ese conjunto de garantías éticas y políticas, que posibilitan a las comunidades, a la sociedad, a la oposición y a las minorías, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el empoderamiento personal, con posibilidades reales para la administración de sus recursos, y la participación directa en las definiciones de esas políticas de Estado que afectan a todos los Colombianos.
En este sentido, para fortalecer la democracia, previamente hay que legitimarla con una ética política, cosa tal que el ejercicio del Estado, no solo sea entendido como el monopolio de la fuerza y de las armas, sino y fundamentalmente como un sistema en un contexto de garantías, bajo las cuales, la convivencia de la diversidad y su ejercicio plural, permitan y garanticen la disputa limpia por la dirección del gobierno, para mantener con ello la paz y el progreso de la humanidad.
A MODO DE PROPOSICIÓN.
Las premisas expuestas nos permite concluir que no existiendo una propuesta proporcional a la gravedad de la crisis, que intente hacer la cirugía social y política que demanda la sociedad y el Estado, se hace necesario exhortar A UN PACTO POLITICO POR LA CONVIVENCIA, LA ÉTICA, LA PAZ, LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACION Y LA RENOVACIÓN NACIONAL.
En este sentido consideramos que las fuerzas políticas con asiento en el Congreso deben Acordar: Que en el marco de la actual coyuntura y en aras a construir un contexto ético para el ejercicio político y social, deben proceder a Disolver de manera Inmediata el Actual Congreso de Colombia, y las Funciones que corresponden al Poder Legislativo, por mandato Constitucional, sean asumidas por un CONGRESO DE PORTAVOCEROS DE TRANSICIÓN, que en número impar de delegados, elegidos democráticamente desde las bases de los propios partidos, actúen de consenso en el desarrollo y aplicación de todos aquellos temas de política de Estado, especialmente las que hacen relación a la Paz, la Seguridad Nacional, las Relaciones Internacionales, el Sistema Electoral, la Salud y las demás que señala la Constitución como funciones en esta materia.
Este órgano, que para los efectos llamaremos CONGRESO DE TRANSICIÓN, completará el actual período del Congreso, y además de darse su propio reglamento, estipulando como mecanismo de decisión el voto cualificado de las ¾ en todo aquel otro procedimiento para la expedición de sus leyes, asumirá de consenso y en concordancia con el Jefe De Estado, los procedimientos necesarios que den resultados positivos hacia un dialogo, acuerdo o pacto, que permita la liberación de los secuestrados y rehenes actualmente en poder de las FARC. Así mismo, instrumentará los mecanismos para afrontar un proceso de Dialogo con los distintos Actores del Conflicto Interno, en aras a Pactar, Diseñar, Configurar o Fijar, un cronograma, que con Acuerdo de mínimos entre todas las partes implicadas, hagan viable la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y en caso de no ser posible dicho acuerdo, determine unos tiempos, y un procedimiento de investidura para la elección de los nuevos Congresistas, que en condiciones éticas renueve el que se ha disuelto.
Para solventar todos los procedimientos de elección y representación, incluyendo las presidenciales, y las que se puedan derivar, estimulará, legitimará y avalara, con el presupuesto necesario, la constitución de unas Veedurías Autónomas Regionales, cuyos miembros serán elegidos democráticamente desde las bases de las instituciones académicas, de entre los profesores y estudiantes, con un representante por cada una de ellas, y uno más, por cada 5.000 ciudadanos que aparezcan en el registro de matriculas.
Dichas veedurías Regionales con funcionamiento Autonómico, además de diseñar, e implementar un código de ética política y social que garantice la transparencia en las investiduras locales, regionales o nacionales, excepcionalmente realizarán funciones instructivas de carácter penal y administrativas.
En el ejercicio de estas funciones, si las Veedurías Éticas, dedujeran que un partido, o movimientos de los representados en el Congreso de Transición, realiza, o ejecutaron acuerdos, o pactos degradantes de la ética política y social para el ejercicio de las representaciones democráticas que ostentan en los distintos órganos de representación, extenderá un Instancia con las pruebas que considere suficientes, a la Corte Suprema de Justicia, para que proceda de conformidad.
Entendemos que no basta unas nuevas investiduras, y que el problema de fondo está insertado en la sociedad, núcleo al cual se han de dirigir las propuestas. La ética es la tarea política del presente.
